Walter Cotugno, el fiscal local, ordenó que el barco fuese confiscado ante la sospecha de que no está propiamente registrado. Las investigaciones sugieren que Briatore lo ha registrado en las Islas Caiman, con un precio de alquiler de 275.000 euros por semana, con el objetivo de obtener una rebaja en los impuestos y para evitar pagar los impuesto sobre las ventas cuando vaya a anclar en puertos europeos.
La principal sospecha es que el barco no está fletado en absoluto y, de hecho, sólo lo usa la familia Briatore.